- La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno emitió 48 resoluciones sancionatorias entre 2025 y 2026.
La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno recibió 4 mil 511 quejas y denuncias contra servidores públicos durante 2026, informó su titular, Alejandro Espidio Reyes, quien detalló que, al cierre de octubre, 554 casos se encontraban en investigación y otros 149 estaban en etapa de substanciación.
Durante una rueda de prensa, el funcionario explicó que las investigaciones están a cargo de los Órganos Internos de Control y precisó que la presentación de una denuncia no implica que exista responsabilidad administrativa, pues cada expediente debe sustentarse con pruebas y respetar la presunción de inocencia.
En cuanto a las sanciones, dio a conocer que, entre 2025 y 2026, la dependencia emitió 48 resoluciones sancionatorias derivadas de procedimientos formales. De estas, 26 correspondieron al año pasado y 22 al actual.
Las medidas aplicadas fueron 27 amonestaciones privadas, tres suspensiones y 18 destituciones. De estas últimas, 14 estuvieron acompañadas de inhabilitación y dos contemplaron el reintegro de recursos.
Espidio Reyes también informó que 59 procedimientos por presuntas faltas administrativas graves fueron turnados al Tribunal de Justicia Administrativa. Del total, 41 correspondieron a 2025 y 18 a 2026.
Entre las conductas investigadas se encuentran el desvío de recursos, con 25 procedimientos, y el abuso de funciones, con 22. Además, durante 2026, el Tribunal impuso 13 sanciones por casos relacionados con peculado, desacato y utilización de información falsa.
El secretario añadió que más de 315 personas fueron separadas de sus empleos, cargos o comisiones mediante la vía laboral debido a incumplimientos u omisiones.
Entre las conductas detectadas en dependencias de seguridad pública mencionó las inasistencias, detenciones ilegales, desacato, consumo de alcohol durante el servicio, solicitud de dádivas, uso de documentación apócrifa y agresiones contra personas privadas de la libertad.
En el sector educativo, los señalamientos incluyeron abandono de empleo, hostigamiento y acoso sexual, maltrato escolar, acoso laboral y falta de probidad.
El funcionario puntualizó que las separaciones laborales no necesariamente representan sanciones administrativas, ya que estas últimas requieren procedimientos formales y elementos probatorios que acrediten las responsabilidades correspondientes.
