- Trasladarán a los internos acusados de extorsión a otro penal, señaló el gobernador.
El Gobierno de Puebla realizará una revisión a fondo del funcionamiento del penal de San Miguel, luego de la protesta que protagonizaron familiares de personas privadas de la libertad, quienes señalaron presuntas irregularidades al interior del centro penitenciario, informó el gobernador Alejandro Armenta.
En entrevista, comentó que su administración trabajará en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Comisión de Inteligencia de la Federación para investigar las condiciones en las que opera este centro y otros penales.
El mandatario señaló que existe disposición para investigar y dialogar con quienes tengan inconformidades relacionadas con el sistema penitenciario, por lo que la negativa de un grupo de manifestantes a participar en una mesa de diálogo no impedirá que las autoridades revisen las condiciones del penal.
Nosotros siempre estaremos dispuestos a investigar, a dialogar”, expresó.
Armenta explicó que el tema fue abordado durante una reunión de la mesa de paz, en la que participaron autoridades estatales y federales. A partir de este encuentro, se acordó desarrollar un trabajo coordinado para conocer el funcionamiento del penal de San Miguel y revisar otros centros penitenciarios.
🚨 Tras las protestas de familiares de internos de San Miguel, @armentapuebla_ anunció una revisión al funcionamiento del penal con autoridades federales. También informó que los reclusos señalados por extorsionar a otros presos serán trasladados a otro centro penitenciario.
#Puebla #Seguridad
— Luis David García (@ldgarcia_mkt) November 11, 2026
Exigieron destitución del director
Ayer, personas identificadas como familiares de internos del penal de San Miguel bloquearon ocho puntos de la capital poblana y la zona metropolitana, lo que provocó caos vial y afectaciones a cientos de automovilistas.
Denunciaron presuntas extorsiones al interior del centro penitenciario. Entre sus demandas estuvo la destitución del director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo, a quien señalan por supuestas irregularidades.
También solicitaron el traslado de dos internos identificados como Juan Carlos N. y Félix N., a quienes responsabilizan de coordinar cobros ilegales y otras actividades ilícitas dentro del reclusorio.
De acuerdo con los familiares, las exigencias económicas iban de 2 mil a 8 mil pesos, mediante pagos diarios o semanales y bajo amenazas de represalias contra las personas privadas de la libertad.
