Liberan a Renato Romero tras intervención de Gobernación en Puebla

• El activista ambiental salió del penal de San Pedro Cholula luego de que la Secretaría de Gobernación estatal solicitara a la Fiscalía revisar su caso y garantizar el debido proceso.

Puebla, Pue.— Renato Romero Camacho, activista defensor del agua en la región de Nealtican, fue liberado de manera provisional este miércoles tras permanecer tres días detenido en el penal de San Pedro Cholula. La liberación se concretó luego de que la Secretaría de Gobernación del estado de Puebla solicitara formalmente a la Fiscalía General del Estado (FGE) revisar su caso y considerar medidas cautelares que le permitieran continuar su proceso judicial desde su domicilio.

La petición de la dependencia estatal se sustentó en principios de legalidad y equidad judicial, enfatizando la obligación del Estado de respetar los derechos fundamentales de las personas procesadas, especialmente cuando se trata de defensores del medio ambiente.

El escrito, dirigido a la fiscal estatal, Idamis Pastor Betancourt, subraya que la justicia debe conducirse con imparcialidad, sin criminalizar la labor de activistas.

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Espero que se tome en cuenta la importancia de proteger los derechos humanos y la dignidad de la persona involucrada”, expresó Gobernación en su exhorto.

El gobernador Alejandro Armenta también fue cuestionado sobre el tema durante una rueda de prensa, donde aclaró que el caso se relaciona con un conflicto entre particulares, por lo que corresponderá a la FGE definir el rumbo legal. No obstante, Armenta aseguró que tanto su gobierno como la Comisión de Derechos Humanos estarán atentos al seguimiento del proceso para asegurar que se conduzca conforme a derecho.

Además, destacó los esfuerzos de su administración por fortalecer el acceso a la justicia, como la implementación de las Casas Carmen Serdán para atender casos sensibles como feminicidios, y reiteró su compromiso con la protección de los derechos humanos.

La detención de Romero generó movilización en diversos colectivos ambientales y organizaciones de derechos humanos, quienes denunciaron una posible criminalización de su activismo. Su liberación provisional representa, para muchos, un paso hacia el respeto a las garantías procesales de quienes luchan por causas sociales en Puebla.

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