- La presidenta auxiliar denuncia puntos de narcomenudeo entre La Vega y Esteban de Antuñano; advierten presencia de cristal, heroína y fentanilo. Vecinos exigen intervención urgente.
Puebla, Pue.— La junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, al norte de la capital poblana, enfrenta una creciente crisis de seguridad ante la proliferación de puntos de venta y consumo de droga. De acuerdo con Diana de Bernardo Ramos, presidenta auxiliar, se han identificado al menos diez “picaderos” activos en zonas como la colonia La Vega, Alberto de la Fuente y a lo largo del tramo ferroviario que cruza hasta el bulevar Esteban de Antuñano, colindante con el municipio de Cuautlancingo.
En estas zonas, la venta y consumo de sustancias como marihuana, cristal, heroína e incluso fentanilo ocurren a plena luz del día, muchas veces frente a estudiantes o trabajadores que transitan diariamente por la zona. De Bernardo Ramos advirtió que cuando las autoridades clausuran un punto de distribución, los narcomenudistas rápidamente abren otros espacios cercanos, dificultando el control y combate al narcomenudeo.
“Lo más preocupante es que muchos de estos puntos están justo en el paso peatonal de los estudiantes. Cualquier casa puede convertirse en un centro de distribución, y eso está fuera de nuestro alcance como autoridad auxiliar”, comentó en entrevista.
Las autoridades municipales y estatales han realizado operativos en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Seguridad Ciudadana y elementos del Ejército Mexicano. A pesar de ello, vecinos denuncian que el fenómeno persiste y cada vez es más visible, sobre todo por la presencia constante de consumidores en la vía pública y alrededores del río Atoyac.
La edil auxiliar también destacó que, aunque se logró una reducción del 70 % en los índices delictivos en 2024 gracias al programa Alerta Contigo y la recuperación de espacios públicos, la venta de droga sigue siendo el principal foco rojo en la comunidad.
Los habitantes de Romero Vargas han implementado rondines vecinales y líneas de comunicación directa por WhatsApp con autoridades para denunciar presencia de distribuidores. Sin embargo, exigen mayor vigilancia, presencia permanente de seguridad y estrategias de atención a las adicciones.
La situación ha generado alarma entre padres de familia, comerciantes y usuarios del transporte público, quienes insisten en que los picaderos deben ser desmantelados con urgencia para evitar que este problema se desborde aún más.
