El juicio por el feminicidio de Cecilia Monzón, abogada y activista asesinada en 2022, ha entrado en su etapa final con el inicio de los alegatos de clausura contra Javier López Zavala, señalado como autor intelectual del crimen. Este momento decisivo del proceso se desarrolla incluso durante el periodo vacacional del Poder Judicial, reflejo de la presión social y la relevancia del caso.
Desde las primeras horas del pasado 22 de diciembre, comenzó la actividad judicial correspondiente a esta fase final, tras un juicio que se ha prolongado por más de ocho meses, marcado por múltiples audiencias, suspensiones y recursos legales. La extensión del proceso ha sido señalada por organizaciones civiles como un ejemplo de las debilidades estructurales del sistema judicial para responder con prontitud a los casos de feminicidio.
A su llegada a la sede judicial, Helena Monzón, hermana de la víctima, exigió tanto al Poder Judicial del Estado como a la Fiscalía General del Estado que la audiencia se lleve a cabo con normalidad procesal y sin retrasos injustificados. Subrayó que el juicio se encuentra en un momento determinante y advirtió que cualquier dilación representaría una nueva forma de revictimización para la familia.
El caso Monzón ha trascendido el ámbito jurídico para convertirse en un símbolo de la lucha contra la violencia feminicida y la impunidad. A casi tres años del asesinato, la lentitud del proceso plantea cuestionamientos sobre la capacidad institucional para garantizar justicia efectiva, incluso en casos de alto perfil y con seguimiento nacional e internacional.
La exigencia de una condena máxima no responde únicamente a la gravedad del crimen, sino a la necesidad de enviar un mensaje claro: que los feminicidios no pueden resolverse entre tecnicismos ni prolongarse hasta desgastar a las víctimas indirectas. El fallo que emita el tribunal no solo cerrará un caso, sino que marcará un precedente sobre el compromiso real del Estado con la justicia y la perspectiva de género.
