- Así lo informó el gobernador el estado, Rubén Rocha Moya.
Culiacán, Sinaloa.— La violencia política volvió a sacudir a Sinaloa luego de que una diputada local de Movimiento Ciudadano fuera víctima de un ataque armado en el que perdió un ojo, hecho que reavivó la preocupación por la inseguridad contra servidores públicos en la entidad; así lo dio a conocer el gobernador el estado, Rubén Rocha Moya, luego de realizar una visita a ambos políticos.
Los hechos ocurrieron cuando la legisladora Elizabeth Montoya Ojeda y su compañero de bancada Sergio Torres Félix se trasladaban en un vehículo por la ciudad de Culiacán, tras cumplir actividades oficiales. Sujetos armados interceptaron la unidad y abrieron fuego de manera directa, dejando a ambos diputados gravemente heridos, así como a personas que los acompañaban.
Como consecuencia del atentado, Elizabeth Montoya perdió un ojo y fue sometida a una cirugía de emergencia. Su estado de salud fue reportado como delicado pero estable, mientras que Sergio Torres permanece bajo estricta vigilancia médica tras resultar con lesiones de consideración, principalmente en la cabeza.
Movimiento Ciudadano condenó los hechos y exigió a las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer el móvil y dar con los responsables. A nivel estatal, el gobierno de Sinaloa informó el reforzamiento de los operativos de seguridad, con apoyo de fuerzas estatales y federales, y confirmó la apertura de una carpeta de investigación por atentado contra funcionarios públicos.
En este sentido, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez precisó que los acompañantes están con vida, exhortó a guardar prudencia mientras se dan las diferentes líneas de investigación.
El secretario, Omar García Harfuch nos ha reportado el avance y ha estado atento al tema de atención a víctimas por los familiares. Nosotros desde el partido seguiremos pendientes”, señaló.
Este episodio se inscribe en un contexto de creciente violencia en Sinaloa, donde los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado han impactado no solo a la población civil, sino también a actores políticos. Analistas y legisladores advierten que el ataque refleja un deterioro en las condiciones de seguridad y subraya la vulnerabilidad de quienes ejercen cargos públicos en regiones con alta presencia delictiva.
Hasta el momento no se reportan detenciones relacionadas con el atentado. El caso mantiene la atención nacional y ha reabierto el debate sobre la protección a funcionarios, la violencia política y la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad en Sinaloa.
