Puebla enfrenta hoy una crisis de seguridad que no comenzó con el actual gobierno. Parte de los problemas que todavía atraviesan al estado tienen antecedentes en administraciones anteriores, cuando el robo de combustible creció hasta convertir a la entidad en referente nacional del huachicol, mientras algunos de los principales mandos policiales quedaron involucrados en investigaciones y episodios de violaciones a derechos humanos.
Uno de los casos que concentra buena parte de esas contradicciones es el de Facundo Rosas Rosas, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Rafael Moreno Valle entre 2013 y 2015. Su salida del cargo ocurrió después de que el Ejército detuvo al entonces director de la Policía Estatal, Marco Antonio Estrada López, y al jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Tomás Méndez Lozano, por hechos relacionados con el robo de hidrocarburos.
La detención exhibió una fractura dentro de la propia estructura encargada de combatir uno de los delitos que más rápido crecían en el estado.
Puebla pasó a ser epicentro del huachicol
Los registros de Petróleos Mexicanos muestran la dimensión que alcanzó el robo de combustible. En 2011 se contabilizaron 64 tomas clandestinas en Puebla; para 2012 fueron 110, en 2013 llegaron a 211, en 2014 sumaron 335 y en 2015 alcanzaron 787.
El crecimiento se aceleró todavía más en 2016, cuando Pemex registró mil 533 tomas clandestinas en la entidad. Ese año Puebla ocupó el primer lugar nacional en este delito, con puntos de extracción distribuidos en 24 municipios.
El fenómeno se concentró principalmente en la región conocida como el Triángulo Rojo. Tepeaca, Palmar de Bravo, Quecholac, Acajete y Acatzingo concentraron una parte importante de las perforaciones detectadas por Pemex.
El crecimiento del delito contrastó con la respuesta institucional. Entre 2015 y 2016, la Secretaría de Seguridad Pública estatal reportó 37 expedientes relacionados con robo de combustible, mientras Pemex contabilizó miles de tomas clandestinas durante ese periodo.
La detención de Estrada López y Méndez Lozano colocó entonces una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿cómo pudo crecer durante años una red de extracción ilegal de combustible mientras algunos de los responsables de combatirla operaban desde las propias estructuras de seguridad?
La policía también quedó bajo sospecha
El caso de los mandos estatales no fue el único episodio que marcó la gestión de Rosas.
En julio de 2014, un operativo para desalojar a pobladores que bloqueaban la autopista Puebla-Atlixco, en San Bernardino Chalchihuapan, terminó con decenas de personas lesionadas y la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 2VG/2014, al considerar que se habían cometido violaciones graves a los derechos humanos durante los hechos.
El episodio convirtió a Chalchihuapan en uno de los casos más cuestionados de la administración de Moreno Valle y colocó nuevamente el uso de la fuerza policial en el centro de la discusión pública.
Años después, Puebla volvería a enfrentar un episodio similar durante el combate al huachicol.
Palmarito mostró hasta dónde había escalado el conflicto
El 3 de mayo de 2017, en Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, un enfrentamiento entre civiles y elementos militares dejó 10 personas muertas, seis civiles y cuatro militares, además de 26 lesionados y 13 detenidos.
El enfrentamiento ocurrió en una región donde el robo de combustible ya había adquirido una dimensión territorial y social considerable.
La CNDH emitió la Recomendación 12VG/2018, en la que documentó violaciones graves a derechos humanos, entre ellas ejecuciones arbitrarias, trato cruel, retenciones ilegales e irregularidades en la procuración de justicia.
El caso evidenció que el problema ya no podía entenderse únicamente como robo de combustible. El huachicol había generado confrontaciones entre grupos dedicados a la extracción ilegal, comunidades y fuerzas de seguridad.
Facundo Rosas y los expedientes que permanecen abiertos
La trayectoria de Rosas tampoco terminó con su salida del gobierno poblano.
Antes de llegar a Puebla fue comisionado general de la Policía Federal durante el gobierno de Felipe Calderón. En enero de 2022, después de un accidente vial en Ciudad de México en el que murió una mujer, agentes federales ejecutaron una orden de aprehensión en su contra relacionada con la investigación del operativo conocido como “Rápido y Furioso”.
La Fiscalía General de la República informó entonces sobre su detención y posteriormente un juez federal dictó auto de formal prisión por su presunta participación en ese caso.
Su detención volvió a poner bajo escrutinio una trayectoria que había pasado por algunas de las posiciones más relevantes de la seguridad pública federal y estatal.
Una herencia que sigue condicionando la seguridad
Los episodios de Chalchihuapan, el crecimiento acelerado del huachicol, la detención de mandos policiales y el conflicto de Palmarito forman parte de una cadena de acontecimientos que atravesó distintos gobiernos y dejó consecuencias institucionales en Puebla.
No todos los problemas actuales pueden atribuirse directamente a aquellas administraciones. Las organizaciones criminales cambian, los territorios se transforman y las estrategias de seguridad también.
Pero los antecedentes ayudan a explicar por qué la seguridad en Puebla no puede analizarse únicamente a partir de los delitos registrados en el presente.
La pregunta pendiente es cuánto de aquellas estructuras criminales, prácticas policiales y debilidades institucionales fue realmente desmantelado y cuánto permanece como parte de la herencia que los gobiernos posteriores todavía deben enfrentar.
