La Fiscalía española respaldó que la Audiencia Nacional pueda investigar al cantante Julio Iglesias por presuntos delitos de agresión sexual, trata de personas y vulneraciones de derechos laborales denunciados por dos ex empleadas. Los hechos habrían ocurrido en 2021 en propiedades del artista en Bahamas y República Dominicana.
El informe, enviado el 14 de octubre de 2026 por el fiscal Vicente González Mota al juez Antonio Piña, sostiene que la Audiencia Nacional es competente para examinar el caso. El documento también fue avalado por Beatriz Sánchez Álvarez, fiscal de Sala coordinadora de Trata de Personas.
Sin embargo, el pronunciamiento no significa que ya exista una investigación judicial formal contra el cantante. Ahora corresponde al juez determinar si abre las pesquisas, después de que las partes presenten sus argumentos sobre la competencia del tribunal.
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La Fiscalía cambió su criterio sobre el caso
Las dos mujeres, identificadas con los nombres ficticios Rebeca y Laura, presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en enero de 2026. En esa primera etapa, el Ministerio Público consideró que el tribunal español no era competente para investigar los hechos, debido a que presuntamente ocurrieron fuera de España y las personas involucradas residían en el extranjero. Por esa razón, el expediente fue archivado.
En septiembre, las denunciantes presentaron una querella directamente ante los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional. A partir de esa nueva acción judicial, la Fiscalía emitió su informe favorable a que el tribunal examine el caso.
Hasta ahora, el Ministerio Público no ha explicado públicamente los motivos del cambio de criterio.
¿De qué acusan a Julio Iglesias?
La querella señala presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores.
De acuerdo con testimonios recopilados por Women’s Link Worldwide y Amnistía Internacional, las mujeres acusan al cantante de presuntas agresiones y acoso sexual, además de prácticas de control sobre sus vidas personales y condiciones laborales.
Entre los señalamientos figuran la revisión frecuente de sus teléfonos celulares, restricciones para salir de las viviendas donde trabajaban y jornadas de hasta 16 horas diarias, sin días de descanso ni contrato laboral.
Estas acusaciones forman parte de la querella y deberán ser examinadas por las autoridades competentes.
El juez decidirá si abre una investigación
El juez Antonio Piña concedió cinco días a Julio Iglesias y a las denunciantes para que presenten alegaciones sobre si la Audiencia Nacional debe hacerse cargo del caso.
La decisión judicial definirá el siguiente paso del procedimiento. El respaldo de la Fiscalía se refiere a la competencia del tribunal y no constituye una declaración sobre la veracidad de las acusaciones ni una imputación formal del cantante.
El caso también plantea la aplicación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece las condiciones bajo las cuales los tribunales españoles pueden conocer determinados delitos cometidos fuera de su territorio.
