Santiago Miahuatlán enfrenta procesos ante Profepa por tres tiraderos clandestinos de basura

Proyecto nuevo (29)
  • Vecinos alertan por contaminación creciente.

 

El municipio de Santiago Miahuatlán enfrenta tres procedimientos administrativos ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debido a la operación de tiraderos clandestinos de basura que continúan afectando el entorno ambiental, un problema que evidencia fallas en el control y manejo de residuos en la demarcación.

De acuerdo con el presidente municipal, Omar Eulogio Toledo Balderas, actualmente existen al menos tres puntos donde se depositan desechos de manera irregular. Entre ellos se encuentra un tiradero ubicado en la zona de San Miguel, así como otro en el predio conocido como El Carnero. Este último incluso fue clausurado previamente por la autoridad ambiental federal; sin embargo, continúa siendo utilizado para arrojar basura, lo que pone en entredicho la efectividad de las medidas de vigilancia y control.

En estos procedimientos no solo se analiza la responsabilidad del ayuntamiento, sino también la participación de particulares que siguen utilizando estos espacios como basureros improvisados. Aun así, la persistencia del problema refleja la falta de soluciones estructurales para el manejo adecuado de los residuos en el municipio.

La situación ambiental se complica aún más por la presencia de hornos ladrilleros que operan en la zona. Según datos del propio ayuntamiento, existen alrededor de 50 hornos dedicados a la elaboración de ladrillos, en los cuales se queman neumáticos usados y desechos textiles como combustible, una práctica altamente contaminante que libera emisiones tóxicas a la atmósfera.

Este panorama revela un problema ambiental que no solo se limita a los tiraderos clandestinos, sino que también involucra actividades productivas que operan sin controles ambientales claros. Mientras tanto, habitantes de la región continúan expuestos a contaminación del aire, del suelo y posibles afectaciones a la salud.

Ante este escenario, los procedimientos abiertos por la Profepa podrían derivar en sanciones. Sin embargo, el verdadero reto para las autoridades será frenar prácticas que llevan años repitiéndose y que reflejan la falta de una política efectiva de manejo ambiental en el municipio.


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