El Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla se mantiene a la espera de que el Congreso local apruebe una reforma electoral que le otorgue facultades para consultar información relacionada con antecedentes penales, investigaciones o sentencias de quienes aspiren a competir por un cargo de elección popular durante el proceso electoral de 2027.
La presidenta provisional del organismo, Christian Mariana Ceballos Garduño, explicó que actualmente el instituto no cuenta con atribuciones legales para solicitar información reservada a las autoridades de procuración de justicia, por lo que resulta indispensable una adecuación al marco jurídico estatal.
Congreso de Puebla deberá aprobar cambios legales antes de septiembre de 2026
La funcionaria electoral indicó que el Poder Legislativo estatal tiene como fecha límite septiembre de 2026 para aprobar las modificaciones necesarias a la legislación electoral local, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia de los perfiles que busquen participar en las elecciones de 2027.
La medida forma parte de una estrategia nacional orientada a evitar la infiltración de grupos delictivos en los procesos democráticos y garantizar que las candidaturas cumplan con criterios de legalidad y transparencia.
La reforma federal impulsa nuevas medidas de vigilancia electoral
La posible adecuación de las leyes poblanas surge luego de que el Senado de la República aprobara el pasado 29 de mayo una minuta de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), la cual contempla mecanismos para fortalecer la revisión de antecedentes de aspirantes a cargos públicos.
Con esta reforma se busca establecer filtros más estrictos para impedir que personas vinculadas con actividades ilícitas accedan a candidaturas en cualquier nivel de gobierno.
IEE Puebla prevé coordinación con la Fiscalía para revisar antecedentes de aspirantes
Como parte de la implementación de estas disposiciones, el IEE contempla la firma de convenios de colaboración con la Fiscalía General del Estado (FGE) y otras autoridades competentes.
A través de estos acuerdos institucionales, el organismo electoral podría consultar formalmente si las personas interesadas en contender por un cargo de elección popular cuentan con carpetas de investigación abiertas, procesos judiciales en curso o condenas vigentes.
Ceballos Garduño puntualizó que cualquier consulta deberá realizarse dentro de los límites legales establecidos para el manejo de información reservada y protección de datos personales.
Las atribuciones legales son indispensables para acceder a información reservada
La presidenta provisional del IEE sostuvo que actualmente el organismo carece de facultades para solicitar este tipo de información, por lo que la reforma se vuelve un requisito indispensable para avanzar en la implementación del nuevo esquema de revisión.
“Tendríamos que actuar con base a una reforma porque actualmente no tenemos esas atribuciones; entonces, para que pudiésemos hacer las consultas a las autoridades necesitaríamos tener esa facultad y los convenios, ya que estamos hablando de información reservada”, señaló.
Proceso electoral 2026-2027 dependerá de la aprobación oportuna de las reformas
La viabilidad de este mecanismo para las próximas elecciones locales dependerá directamente de la rapidez con la que actúe el Congreso del Estado.
La consejera recordó que la legislación electoral establece que cualquier modificación a las reglas de los comicios debe aprobarse y publicarse al menos 90 días antes del inicio formal del proceso electoral, previsto para noviembre de 2026.
Por ello, septiembre de 2026 se convierte en la fecha clave para que Puebla concrete las reformas necesarias al Código de Instituciones y Procesos Electorales o, en su caso, a la Constitución local, permitiendo que el IEE cuente con herramientas legales para reforzar el control de las candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.
