Se hace camino al andar…
Durante las últimas semanas, el debate público en nuestro país se ha polarizado.
El accidente sucedido en la Sierra de Chihuahua, el 19 de abril del presente en el que fallecen cuatro personas, entre ellas dos agentes de la CIA, revela con absoluta claridad la operación de agentes extranjeros participando en territorio nacional sin permiso para operar en nuestro país. La gobernadora, María Eugenia Campos Galván niega haber dado el permiso.
Días después, la Corte del Distrito Sur de Nueva York solicita la extradición de nueve funcionarios mexicanos; entre ellos, la del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y ocho funcionarios más; acusados de asociación delictuosa y de recibir sobornos para proteger a una organización criminal: “Los Chapitos”.
Dos servidores públicos: Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública en el estado de Sinaloa y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del mismo Estado, se entregan a la justicia de los Estados Unidos. Rubén Rocha Moya solicita licencia al cargo de Gobernador del Estado.
En días recientes, “Los Angeles Times” publica una nota señalando al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño y al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya de los mismos delitos que le imputan a Rubén Rocha Moya. Los tres gobernadores emanados de MORENA.
La Constitución de la República en el Artículo 39 señala con claridad: “La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo…” El Artículo 41 establece con precisión: “El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de estado, injerencias en elecciones o violaciones al territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.
México firmó también un acuerdo de extradición con los Estados Unidos de América en 1978 que establece en el Artículo 3: “Sólo se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la parte requerida…”
Fundado en lo anterior, nuestra Presidenta exige pruebas y enfatiza con claridad: “el territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende, la soberanía se ama y se defiende”.
Los dichos de Alito Moreno y Lili Téllez solicitando “la ayuda que sea necesaria de los Estados Unidos de América, en contra de quienes ellos llaman “narcopolíticos”, contravienen nuestras leyes fundamentales y atentan contra la soberanía nacional. Nos recuerdan también a la Junta de Notables que, en el siglo XIX, le solicitó a Maximiliano de Habsburgo que fuera el segundo emperador de México.
Es indispensable tener presentes las acciones injerencistas de los Estados Unidos: en México en 1847, en Argentina, Guatemala, Chile, Venezuela y Brasil; tan solo para citar algunos ejemplos en América Latina. En este momento en Colombia con una clara injerencia en la elección presidencial para evitar la continuidad de un gobierno progresista.
El llamado a la unidad de nuestra Presidenta se funda en la ley y en nuestros principios fundamentales como movimiento político; abriéndose a la autocrítica para seguir construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación.
Estamos convencidos de que la justicia debe aplicarse a todas y todos, respetando el debido proceso. Por eso, exigimos:
¡Todo el peso de la ley para Maru Campos!, si es culpable.
También para Rubén Rocha Moya y el resto de funcionarios públicos imputados por la corte de Nueva York; siempre y cuando se aporten pruebas y se juzguen de acuerdo con nuestras leyes.
Los problemas de México, los resolvemos las y los mexicanos.
Quizá debiéramos recordar todos a Miguel Negrete: “Patria antes que partido”.
J. Guillermo Aréchiga S.
