La exalcaldesa de Acatlán de Osorio, Guadalupe “Lupita” Bárcenas, se encuentra bajo revisión de autoridades ministeriales de Puebla y Oaxaca luego de los señalamientos sobre presuntos vínculos con un grupo delictivo.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó que inició expedientes de atención temprana a partir de las acusaciones formuladas públicamente por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien señaló a la exfuncionaria por supuestos nexos con “Los Rojos” y la relacionó con hechos delictivos registrados en la zona limítrofe entre ambas entidades.
La fiscal general de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, explicó que antes de esas declaraciones no existía una investigación de la Fiscalía poblana contra Bárcenas por esos hechos. Tras conocer los señalamientos, la institución solicitó a su homóloga de Oaxaca la información disponible para determinar si existen elementos que permitan avanzar hacia una carpeta de investigación formal.
La diferencia jurídica es relevante: hasta ahora, Puebla no ha informado sobre una carpeta formal contra la exalcaldesa por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Lo confirmado es la existencia de expedientes de atención temprana y el intercambio de información entre fiscalías.
Los señalamientos surgieron cuando Jara Cruz afirmó que Bárcenas presuntamente mantenía vínculos con un grupo criminal y sostuvo que esa situación estaría relacionada con robos de mercancía y extorsiones a transportistas que circulan por la carretera federal 190.
El gobernador de Oaxaca también aseguró que las autoridades poblanas habían recibido información sobre el supuesto vínculo y afirmó que los delitos en esa zona disminuyeron después de que Bárcenas dejó el cargo.
Hasta el momento, esas acusaciones no constituyen una determinación judicial ni acreditan responsabilidad penal. La propia investigación de la FGE de Puebla se encuentra en una etapa previa, a la espera de la información que pueda proporcionar Oaxaca.
Nexos criminales cercan a Lupita Bárcenas y a funcionarios de Acatlán
Bárcenas, por su parte, rechazó los señalamientos y negó tener vínculos con grupos criminales. La exalcaldesa ha sostenido que ella misma fue víctima de amenazas y que presentó denuncias ante las autoridades.
Ese expediente tampoco debe confundirse con las denuncias que Bárcenas presentó previamente ante la Fiscalía poblana por presunta violencia política en razón de género, asuntos que corresponden a hechos y líneas de investigación diferentes.
El caso se desarrolla además en medio de la crisis política que llevó a la salida de Bárcenas del gobierno municipal. En septiembre, el Congreso de Puebla disolvió el Ayuntamiento de Acatlán de Osorio e instaló un Concejo Municipal, después de meses de conflicto entre la entonces presidenta municipal y los integrantes del Cabildo.
A este escenario se suma la revisión de la administración municipal. El gobierno estatal informó previamente sobre investigaciones relacionadas con el manejo del Ayuntamiento y posteriormente se reportó una auditoría especial al municipio.
Por ahora, el punto central está en la información que Oaxaca entregue a Puebla: de esos datos dependerá que la Fiscalía determine si los señalamientos públicos cuentan con elementos suficientes para convertirse en una investigación penal formal.
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