- La diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales, quien planteó la urgencia de proteger la integridad del sufragio.
PUEBLA, PUE.- Con el objetivo de frenar el impacto del crimen organizado en la vida democrática, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado presentó una iniciativa de reforma para que el homicidio doloso de cualquier candidato sea considerado una causal explícita para anular las elecciones en la entidad.
La propuesta fue llevada a la tribuna del Pleno este jueves por la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales, quien planteó la urgente necesidad de modificar el artículo 378 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla para proteger la integridad del sufragio.
La legisladora argumentó que la ejecución de un contendiente destruye la equidad de la competencia, altera de tajo las opciones de votación disponibles y vulnera el derecho de los ciudadanos a elegir de manera libre e informada.
De acuerdo con el proyecto presentado, la nulidad de un proceso electoral por hechos de sangre no operaría en automático, sino que quedaría sujeta a una serie de criterios técnicos estrictos:
- Ventana de tiempo: El atentado letal en contra del político debe perpetrarse estrictamente entre el arranque de las campañas y el cierre de las casillas en la jornada electoral.
- Nexo político: Las investigaciones correspondientes deben comprobar que el homicidio estuvo directamente motivado o vinculado con el proceso electoral activo.
- Exigencia de determinancia: Corresponderá al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) evaluar cualitativa o cuantitativamente si el crimen impactó de manera estructural y determinante en el desenlace de la votación.
Incorporar esta causal de nulidad implica asumir una posición institucional clara frente a la violencia política: que el acceso al poder público no puede estar mediado por la violencia, y que el Estado no puede convalidar procesos electorales en los que la competencia haya sido alterada”, sentenció Suriano Corrales.
Para justificar la propuesta, la congresista de la bancada naranja expuso datos de consultoras en integridad electoral que advierten cómo las agresiones letales provocan un “efecto inhibitorio” en el estado. Este fenómeno ocasiona que perfiles competitivos e idóneos desistan de participar por temor a represalias, debilitando la pluralidad democrática, especialmente en los municipios más vulnerables.
Tras su lectura en la sesión ordinaria, la Mesa Directiva de la LXII Legislatura turnó formalmente el expediente a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su posterior dictaminación y debate en el Pleno.
