Redacción Paralelo 19Destapan red de corrupción en municipios poblanos
Destapan red de corrupción en municipios poblanos
¿Qué ocurre dentro de los ayuntamientos cuando quienes deben garantizar la seguridad terminan bajo investigación? Entre julio y septiembre de 2026, siete mandos de seguridad pública municipal y el alcalde de Tepeyahualco fueron detenidos por distintos delitos, en una sucesión de casos que coloca bajo la lupa la operación de los gobiernos locales y la capacidad de los municipios para contener la infiltración criminal.
Luego de que agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado detuvieron a Said de Jesús Godos Luna, presidente municipal de Tepeyahualco, mediante una orden judicial por su probable responsabilidad en abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho, el edil quedó a disposición de la autoridad judicial en Ciudad Serdán.
La captura ocurrió la tarde del 4 de septiembre en la colonia Centro de San Juan Xiutetelco, tras labores de ubicación y seguimiento. Godos Luna, de 33 años y emanado de Movimiento Ciudadano, enfrenta un proceso distinto al de los mandos policiales, pues la Fiscalía no ha hecho públicos los hechos específicos que originaron la investigación. Será el juez quien determine su situación jurídica.
El tema se intensifica al revisar las detenciones de mandos policiales. La primera sacudida ocurrió el 13 y 14 de julio, cuando seis directores de Seguridad Pública de municipios de la Mixteca y la Sierra Norte fueron aprehendidos: David Velázquez Sandoval, de Chietla; Gonzalo Torres Cardoso, de Tehuitzingo; José Santiago Benítez Arista, de Chila de la Sal; Ángel Miguel Garrido, de Tlaola; Evencio Rosas Luna, de Tlapacoya, y Manuel Martínez González, de Jopala.
Las capturas ocurrieron en aproximadamente 48 horas y dividieron el caso en dos regiones. Los tres mandos de la Mixteca fueron trasladados a la Casa de Justicia de Izúcar de Matamoros, mientras que los de la Sierra Norte quedaron relacionados con la jurisdicción de Huauchinango.
En la Mixteca, las primeras investigaciones difundidas públicamente apuntaron a presuntos nexos con el grupo criminal Los Rojos. Posteriormente, el gobierno estatal confirmó que las investigaciones sobre los seis policías se desarrollaban en el contexto del hallazgo de dos instalaciones utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas, una en la Sierra Norte y otra en la Mixteca.
En el caso de los mandos serranos, las autoridades señalaron presuntos actos de protección y encubrimiento relacionados con actividades criminales, además de posibles omisiones en el cumplimiento de sus funciones.
La carpeta judicial 81/2026/Huauchinango sostiene que algunos mandos presuntamente brindaban protección institucional a una organización criminal para permitir el funcionamiento de un narcolaboratorio localizado entre los límites de Tlapacoya y Jopala. Según la indagatoria, entre abril y mayo habrían ordenado a subordinados omitir revisiones y facilitar el paso de integrantes del grupo delictivo.
Los cargos señalados incluyeron encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal. El expediente también está relacionado con el hallazgo de un presunto laboratorio clandestino para producir drogas sintéticas.
El operativo que detonó la investigación ocurrió el 14 de junio, cuando fuerzas federales y estatales localizaron un narcolaboratorio en los límites de Tlapacoya y Jopala. De acuerdo con información difundida sobre el expediente, fueron asegurados alrededor de 360 kilogramos de metanfetamina, 25 mil 300 litros de precursores químicos, cinco reactores, ocho condensadores y cuatro destiladores, además de otros equipos.
El caso alcanzó a un séptimo mando: Andy Castillo Rodríguez, director de Seguridad Pública de San Felipe Tepatlán, quien permanecía prófugo según los últimos reportes. La orden de captura forma parte del mismo expediente judicial de la Sierra Norte.
De la Sierra y la Mixteca al Valle de Atlixco
El expediente tomó otra dimensión un mes después. El 14 de agosto, la Fiscalía detuvo a Antonio Hernández Pacheco, secretario de Seguridad Pública de Atlixco, sobre la Vía Atlixcáyotl, en inmediaciones de la Ex Hacienda de San Agustín.
La Fiscalía General del Estado lo señaló por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho. Durante la audiencia inicial, un juez de control le impuso prisión preventiva justificada y la continuación del proceso fue programada para el 19 de agosto.
La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, declaró posteriormente que desconocía que existiera una investigación contra el entonces titular de Seguridad, quien permanecía en el cargo desde 2021.
Tras su detención, el gobierno municipal designó a Juan Manuel Bravo Baxil como nuevo responsable de la Secretaría de Seguridad, lo que implicó un relevo inmediato en la conducción de la corporación.
Después de las detenciones de julio, el gobierno estatal anunció que la Secretaría de Seguridad Pública asumiría el control de las corporaciones municipales de Chietla, Tehuitzingo, Chila de la Sal, Tlaola, Jopala y Tlapacoya, mientras se mantenían despliegues estatales en esas demarcaciones.
Sin embargo, existe una precisión necesaria: no hay elementos públicos suficientes para afirmar que los casos formen parte de una misma red criminal. Se trata de investigaciones distintas y los delitos imputados también varían. Lo que comparten es que involucran a funcionarios que ocupaban posiciones estratégicas dentro de las policías municipales.
El dato que queda sobre la mesa es más amplio que el número de detenidos: en cuestión de semanas, las investigaciones alcanzaron a responsables de la seguridad en seis municipios de dos regiones del estado, posteriormente a un secretario de Seguridad en Atlixco y, finalmente, a un presidente municipal.
¿Qué controles fallaron para que las instituciones encargadas de proteger a la población fueran alcanzadas por investigaciones de esta magnitud?
