Redacción Paralelo 19Navidad sin familia y justicia fuera del país: el gesto político tras el caso Manzo
La violencia que rodea el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, sigue generando reacciones que rozan lo insólito. Ahora, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, diputado independiente y afín al llamado Movimiento del Sombrero, anunció que pedirá la intervención de Estados Unidos para esclarecer el crimen, ocurrido el pasado 1 de noviembre. El anuncio, hecho en vísperas de Navidad, no solo reavivó el debate sobre la impunidad, sino también sobre los límites de la responsabilidad política.
A través de Facebook, el legislador michoacano afirmó el 25 de diciembre que insistirá ante autoridades estadounidenses para que colaboren en la investigación. “Les estaré insistiendo a los Estados Unidos para que nos ayuden a esclarecer los hechos del asesinato de Carlos Manzo”, escribió, luego de participar en la entrega de cenas por las fiestas decembrinas. El mensaje, difundido en una fecha simbólica, buscó subrayar urgencia y compromiso, aunque dejó más dudas que certezas.
Bautista Tafolla también informó que viajará a San Diego, California, y que decidió no pasar las festividades con su familia. Argumentó que hacerlo implicaría que su equipo de escoltas se mantuviera alejado de sus propios seres queridos. El gesto fue presentado como un sacrificio personal, pero también fue interpretado como una estrategia discursiva para reforzar su postura política.
Sin embargo, el fondo del asunto es más grave. Que un diputado mexicano recurra públicamente a un gobierno extranjero para esclarecer un homicidio ocurrido en territorio nacional expone la fragilidad de la confianza en las instituciones mexicanas. No se ha explicado qué tipo de intervención se busca, bajo qué marco legal ni qué instancias estadounidenses podrían actuar, lo que debilita la seriedad del planteamiento.
El asesinato de Manzo exige una investigación sólida, transparente y eficaz. Pero convertir la falta de resultados en un llamado a la justicia externa no resuelve el problema de fondo. Al contrario, normaliza la idea de que el Estado mexicano es incapaz de impartir justicia, y transforma una tragedia en un acto político de alto impacto mediático, pero de dudosa efectividad.
